Los análisis de las cifras de inseguridad y violencia de 2019 están olvidando una variable, quizá la más importante del esquema de gobierno federal: la inseguridad es hija de la pobreza.
Por tanto, el bienestar es un instrumento social para combatir la delincuencia.
En este sentido, la cifra de crecimiento económico de 2019 –de -0.3%, preliminar– explicaría una de las razones de las cifras altas de inseguridad: no hay bienestar y los marginados siguen dependiendo de los empleos sangrientos de los cárteles del crimen organizado o de las actividades de los delitos al menudeo de desempleados que han encontrado en los asaltos y robos una forma de acceder a recursos para vivir.
Las metas de PIB del gobierno federal eran bastante sobrias: 2% promedio anual en 2019- 2020, 4% en 2021 y 2022 y 6% en 2023 y 2024.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, no se trataban de cifras improvisadas, sino que derivaban de las estrategias de crecimiento económico.
El PIB promedio del sexenio del presidente Peña Nieto había sido de 2.5%, con un promedio sexenal de los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña de 2.4%.
Por tanto, el 2% era compatible inclusive con la inercia sexenal. Sin embargo, la economía fue registrando una desaceleración constante a partir del 2% de PIB de 2918, pero con un dato que algunos analistas no han entendido o que han ocultado: la economía aumento su crecimiento en el trienio 2013, 2014 y 2015 –1.4%, 2.8% y 3.3%– y tuvo un trienio de desaceleración: 2.9%, 2.1% y 2% en 2016-2018.
Y si se cruzan estas cifras con la tendencia de la inseguridad a menor crecimiento económico hubo mayor violencia delictiva.
En este sentido, la tendencia del PIB se ha convertido en un asunto de seguridad interior, porque sin crecimiento se rompe el equilibrio social en las comunidades y los delincuentes sustituyen con pagos clandestinos los beneficios que debieran derivar de la actividad productiva: cae el empleo, se reduce la disponibilidad de beneficios y las familias buscan sustituir ingresos legales con los que vienen de organizaciones ilegales.
El crecimiento económico fotografiado en el PIB es una prioridad social, de seguridad y por tanto de estabilidad nacional.
La doctrina de seguridad interior señala que ésta es la condición de equilibrios sociales derivados del bienestar.
Por ello, la prioridad número 1 de 2020 debe ser el crecimiento económico; pasar del -0.3% de 2019 a cuando menos 2% que fijaron los Criterios Generales de Política Económica para 2020 y el marco macroeconómico del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cualquier cifra menor al 2% debiera preocupar desde ahora a las autoridades hacendarias, políticas y de seguridad.
La otra lectura que se le debe dar a las cifras de 2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública radica en la percepción de que con un PIB de -0.3% los homicidios dolosos parecieron llegar a un techo y la tendencia es comenzar a disminuir.
La explicación PIB-inseguridad se complementa con los datos que estarían diciendo que la estrategia de seguridad estaría dando resultados en un entorno económico de decrecimiento.
Sin esa estrategia, podría ser que las cifras fueran peores. Lo que viene en el 2020 va a depender de la relación dialéctica entre PIB y seguridad.
De ahí que pueda decirse que la prioridad social y política del 2020 debiera ser recuperar el ritmo de crecimiento positivo en torno al 2%, pero con dinámicas de inversión que pudieran subir ese techo a niveles de mayor bienestar.
