El desarrollo de zonas irregulares e ilegales en la estructura del Estado y la sociedad han llevado a la reconfiguración de los paradigmas de seguridad.
Las referencias recurrentes en México al tema de la militarización se han encontrado con métodos analíticos anticuados.
Hoy en día las fuerzas armadas están orientadas no a las guerras en sí mismas, sino a la preservación de la paz con seguridad del régimen democrático.
Extrañan los debates mexicanos porque se nutren de prefiguraciones y de nociones arbitrarias.
Las leyes nacionales han establecido con claridad los escenarios de participación de las fuerzas armadas en una etapa en que las guerras invasoras se han recudido a zonas conflictivas muy localizadas.
Si antes los enemigos de la patria eran otros Estados y otros ejércitos, hoy existen amenazas que provienen de grupos delictivos internos y externos.
La Ley de Seguridad Nacional de 2005 mantiene su vigencia y aporta los elementos necesarios para analizar la participación de las fuerzas armadas en situaciones especiales.
El artículo 3 define “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano” y establece objetivos concretos en sus numerales I, III y VI:
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Al ser las fuerzas armadas el instrumento central de la seguridad nacional, en consecuencia, su partición en situaciones específicas no sólo es aprobada, sino necesaria e indispensable.
La defensa de la soberanía nacional ya no se reduce a la defensa del territorio y del Estado ante invasiones de otros Estados y ejércitos extranjeros, sino que se tiene que dar en actividades criminales que atentan contra la integridad territorial del Estado desde dentro del Estado y del territorio.
Lo que se tiene que entender con claridad es el hecho de que las organizaciones criminales no agotan sus actuaciones en la violación de la seguridad de las personas, sino que han buscado apropiarse de zonas territoriales de la soberanía indivisible del Estado.
El objetivo delictivo de definir zonas francas de control criminal implica la fragmentación del Estado y su territorio y obligan al uso de las fuerzas armadas.
La seguridad nacional en el pasado fue usada como instrumento de delimitación de actividades de participación política ciudadana en segmentos de la oposición.
Hoy, sin embargo, la oposición gobierna parte de la república sin fragmentar la integridad del Estado nacional.
Lo que se combate es el accionar de grupos delictivos que se apropian de territorialidad del Estado para construir gobernanzas criminales ajenas a los compromisos de respeto democrático del Estado.
La invocación de la seguridad nacional debe de respetar la pluralidad democrática e institucional de la república y delimitar con precisión los objetivos estabilizadores, a fin de que se defienda y no se inhiba el funcionamiento democrático de las instituciones.
La seguridad nacional tiene necesidad de apoyar la seguridad pública y la seguridad interior.
El debate sobre la militarización es artificial porque las fuerzas armadas participan en apoyo a las instituciones democráticas y bajo la conducción de las autoridades civiles electas y bajo controles institucionales también civiles.
