Las reuniones México-Estados Unidos que se han realizado en el 2019-2021 consolidan cada vez más la necesidad de una doctrina de defensa nacional integral que vaya más allá del tema militar y asuma la seguridad nacional como una estrategia que debe de involucrar estabilidad social, Estado democrático de derecho, bienestar mayoritario y, sobre todo, un respeto por las reglas políticas de la convivencia.
El sistema político mexicano no fue un invento del PRI, sino que acumuló experiencias que vienen, inclusive, desde las organizaciones imperiales indígenas y las enseñanzas institucionales del virreinato. El sistema político debe entenderse como un mecanismo de interacción social dentro de reglas de entendimiento para la distribución de valores y beneficios.
La disfuncionalidad del sistema político priísta quedó muy clara cuando los movimientos sociales se salieron de los cauces institucionales y acudieron a la protesta directa para obtener beneficios como concesiones del poder.
La iglesia católica como no-poder
El actual sistema político enfrenta el desafío de incluir entre sus variables los mecanismos de estabilidad que tienen que ver con grupos de presión legales e ilegales el buscar de mayores ganancias. El gobierno de Estados Unidos funciona, de manera formal, como Estado de seguridad nacional desde el andamiaje construido en 1946-1947 para definirlo como un Estado de dominación internacional en función de imponer el american way of life un modo de vida americano.
La doctrina mexicana de Estado asumió en 1982, en el Plan Nacional de Desarrollo, la seguridad nacional como un marco jurídico de funcionamiento constitucional, abandonando el modelo de seguridad nacional contrainsurgente que impuso la Casa Blanca como instrumento de su guerra fría. En este contexto, la relación México- EU ha asumido referencias de la seguridad nacional no militar, sino de subordinación a los intereses nacionales estadounidenses. Pero el gobierno del presidente López Obrador ha aplicado, en las negociaciones con las administraciones de Donald Trump y Joseph Biden, la prioridad de los intereses nacionales mexicanos.
En este contexto, la definición de una nueva relación equidistante “entre iguales” que definió el presidente Biden en la reunión con el presidente López Obrador en noviembre debe llevar a cincelar una doctrina constitucional de defensa nacional que vaya más allá del tema propiamente militar y redefina el concepto de soberanía ante otras soberanías de Estados acostumbrados a la subordinación de sus aliados.
La participación de las fuerzas armadas en “acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”
Trump va en serio
–en cumplimiento estricto de la cuarta misión militar que establece la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea– ha sido el primer paso para esa nueva doctrina de defensa nacional que vincule el tema estricto de seguridad territorial ante enemigos externos e internos con el papel fundamental de las fuerzas armadas en tareas que contribuyen al bienestar de la sociedad.
El debate sobre el concepto de militarismo –o sistema militar– es falso en tanto que no existen indicios de ninguna naturaleza que indiquen que los militares quieran sustituir a los civiles, pero a partir del hecho histórico de que los militares hicieron la revolución contra el dictador Porfirio Díaz, consolidaron el civilismo democrático de Madero, aplastaron al usurpador Huerta, escribieron la Constitución de 1917 y fundaron el sistema político que terminó su fase militar en 1946.
La Doctrina de Defensa Nacional debe ser hoy el principal escudo de la soberanía de la república.
