«Nunca ha sido tan difícil ser periodista como lo es hoy» dijo la periodista filipina María Ressa, ganadora del premio Nobel de la Paz 2021.
Y en ningún país esta profesión es más peligrosa que en México, donde ejercer el periodismo sigue siendo mortífero con 6 homicidios en los primeros dos meses de 2022.
El último asesinado es el periodista y director oaxaqueño del sitio Noticias Web, Heber López Vásquez.
Con estas muertes la administración morenista quedó etiquetada como la de mayor número de periodistas asesinados en los últimos 21 años mientras la asociación Reporteros Sin Fronteras colocó a México en el puesto 143 entre un total de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021.
La propia Secretaría de Gobernación ha reconocido la impunidad de casi el 90% de los casos.
Un 43% de los agresores está vinculado a diversos funcionarios públicos mientras que llamativamente el crimen organizado está en un humilde segundo lugar con 33.5% de injerencia.
Un total de 47 periodistas fueron asesinados desde diciembre de 2018 en la presente administración morenista (39 meses) y apenas el 5% de los acusados por estos homicidios fue sentenciado.
Durante el sexenio calderonista cayeron asesinados 48 periodistas y 47 en el mandato de Enrique Peña Nieto.
En ambos casos la misma cantidad que López Obrador, pero en el doble de tiempo.
El 23 de enero fue asesinada en Tijuana la periodista Lourdes Maldonado en un episodio que involucra al exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla.
Mientras las primeras planas desparraman espuma y fuegos artificiales por la tonta escalada autorreferencial entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Loret de Mola, la capacidad de control gubernamental sobre la violencia ejercida contra periodistas sigue cayendo.
Los profesionales de la información protagonizaron numerosas protestas en enero a lo largo de 23 estados de la Federación y en decenas de ciudades exigiendo la defensa de su derecho a la vida y garantías del Estado sobre su trabajo.
En reacción por el asesinato de Heber López Vásquez, el senador republicano Ted Cruz solicitó al presidente americano Joe Biden que presionara a su homólogo mexicano a fin de frenar la violencia contra periodistas.
Dijo que México está viviendo un “colapso de las instituciones”, argumentando que en 2020 “fueron asesinados en México más periodistas que en cualquier otro país”, lo que se vuelve una “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Es poco probable que Biden preste atención a las palabras de Cruz, ocupado en su tablero ucraniano, pero el asunto va más allá de Aristegui y Loret.
Hay además un desmantelamiento institucional, dentro del contexto de la política de austeridad de la 4T.
En el año 2012 fue creado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el fin de proteger a los activistas y periodistas de derechos humanos en riesgo de ser víctimas de esa violencia selectiva.
El 21 de octubre de 2020 el gobierno federal eliminó el Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como parte de un total de 109 fideicomisos derogados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido tenía amplia mayoría en el Congreso, explicó que los fondos serían eliminados porque “eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control”.
El programa quedó bajo el control de la Secretaría de Gobernación para financiar las medidas de protección y no está claro si la secretaría recibió fondos adicionales para afrontar estos costos.
En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno mexicano a asegurar que el mecanismo tuviera recursos humanos y económicos suficientes.
En el largo periodo 2000 – 2018 durante los tres gobiernos de la alternancia clásica (PAN-PRI) hubo un total de 141 homicidios de periodistas.
En los tres primeros años del sexenio obradorista se produjo el 33% de esos homicidios.
Es claro que México experimenta una espiral de violencia política (43%) y criminal (33.5%), siguiendo los parámetros dictados por la Segob, con un destino preferencial hacia los informadores independientes en temas de seguridad.
Los ataques homicidas a los periodistas tienen un componente local, en un país donde los caudillismos y el cacicazgo siguen siendo un formato extendido de gobierno.
El problema es que el gobierno federal se muestra desinteresado, incómodo e ineficiente para el sostenimiento mínimo del estado de derecho.
Sin embargo, la sede originaria del problema no radica en la presidencia, sino en un grado decreciente de gobernabilidad de la seguridad, como si hubiera una irradiación del caos, que primero atraviesa el aparato del Estado y luego recae en las organizaciones criminales, todo ello más allá de las puertas de Palacio Nacional.
Es que los periodistas no sólo sufren las reprimendas diarias del presidente contra la prensa, sino que sobre todo son objeto de constantes ataques en las redes sociales por quienes defienden blindadamente a la 4T.
El Estado es el principal agresor de la prensa con 134 agresiones en el primer semestre de 2021.
Algunas agresiones que sufren los periodistas son amenazas de muerte, intimidación, hostigamiento, ataques físicos y bloqueos informativos.
Aunque el presidente López Obrador se ha diferenciado de sus predecesores en el trato con los periodistas al recibirlos cada mañana para responder sus preguntas, cuestiona reiteradamente su trabajo, hace frecuentes advertencias y guarda un profundo silencio sobre los ataques que padecen.
En síntesis, los periodistas no están protegidos por el Estado mexicano.
