Una regla importante que deberían tener en cuenta los empresarios al operar ante el sector público es que las intenciones o el desconocimiento de las leyes no los exime al momento de cometer un acto ilícito, incurrir en conflicto de interés o enviar señales preocupantes a los mercados sobre su actuar.
Algo similar sucedió el pasado 12 de febrero, cuando un grupo de empresarios cenó en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, para que el segundo les explicase la dinámica del sorteo con premios por el valor del avión presidencial.
A lo largo de esa noche, las notas giraron en torno a la veracidad o no del formulario de compromiso de venta de boletos, comprobándose posteriormente que era verdad.
También hubo comentarios sobre si el presidente estaba extorsionando o no a los empresarios, o si el actual gobierno era mejor o peor que los anteriores ante este “pase de charola”.
Sin embargo, cada argumento lleva a callejones sin salida.
¿Hubo un chantaje o incluso una especie de “cobro de piso”? Quién quita y sí, pero el problema es más grave: la relación entre los sectores público y privado se está reduciendo al intercambio de favores, donde unos cuantos privilegiados pueden tener acceso a los mejores contratos o a condiciones de protección de sus mercados.
En este marco es preocupante que el 70% de las compras y contrataciones del gobierno hayan sido mediante adjudicación directa.
Si los esquemas de “capitalismo de cuates” parecieran fortalecerse con el actual gobierno, entonces no hay certidumbre para la inversión a cualquier empresa que no forme parte de este club, o que no tenga acceso a quienes puedan acercarlos al favor presidencial.
Recordemos que, en Venezuela, por ejemplo, hubo un grupo de empresarios que surgieron y crecieron al amparo del gobierno, los llamados “boliburgueses”.
¿Y qué pasará con quienes no se encuentren adentro de esos pactos o que deseen entrar en mercados inundados por monopolios y oligopolios públicos y privados? Como diría el propio Benito Juárez, la aplicación de la ley, a secas.
Por cierto, el entorno no es prometedor si se revisan las reformas que se han impulsado y aprobado en temas fiscales, outsourcing o combate a la corrupción y su posible politización.
¿Es el actual gobierno mejor o peor que los anteriores? Dejando a un lado que es inútil discutir a partir de una valoración moral, pues los simpatizantes de Morena encontrarán siempre la forma de justificar sus actos bajo esta perspectiva, todos son al menos iguales: la publicidad de un acto lo exime de estar mal.
Como diría Jesús Reyes Heroles, la forma en este caso sí es fondo.
Pero más allá de cualquier otra consideración similar, la cena y sus resultados representan el fracaso de 30 años de liberalización de mercados; toda vez que fuimos incapaces de superar el sistema de “capitalismo de cuates”.
Por ejemplo, en lugar de abrir los accesos a los mercados junto con la apertura exterior, una cúpula de empresarios fue beneficiada por el libre comercio.
Al no haber condiciones de acceso a mercados, el margen para la innovación tecnológica y la eficiencia se redujo, de tal forma que el principal sector que se benefició del TLCAN fue la maquila y aquellos productos que estaban dentro de la cadena productiva regional.
Si la apertura fue selectiva, el beneficio se restringió a unos pocos, lo cual ayudó a los voceros de la demagogia a usar las palabras “neoliberalismo” y “corrupción” para explicar todos los problemas nacionales, de tal forma que no hubo una discusión seria sobre la forma que esta situación se podía calibrar.
Y esa misma falta de debate está haciendo que todo haya cambiado para permanecer como estaba en la relación entre el gobierno y los empresarios.
¿Qué esperar? En primer lugar, lo mismo de siempre: algunos beneficiarios por la cercanía con el gobierno, la proliferación de start-up que no impulsarán gran cosa el crecimiento y poca inversión en investigación o tecnología.
A lo anterior sumemos el escaso crecimiento económico y la desconfianza para invertir en México y veremos cómo se está gestando lentamente un desastre.
¿Hay una salida? Asumiendo que haya empresarios que no gocen del favor del gobierno o lo estén buscando, urge cambiar los discursos con los que ha operado el sector privado, como se ha dicho en este espacio.
Esto implica reconocer los problemas del modelo económico no para reemplazarlo si eso acaso es posible, sino para su calibración.
Defender principios éticos en lugar de abonar a un clima moralizante.
Hablar sobre la independencia que debe tener el sector privado y la forma que se puede garantizar.
Conocer la forma en que operan las instituciones públicas y los procesos de toma de decisiones.
Tejer relaciones con aliados y potenciales oponentes en la sociedad civil.
Y aprender a diseñar estrategias eficaces de influencia.
A esto lo he llamado “invertir en política”.
El país cambió el pasado 2018, y si queremos salir de ésta, es necesario darnos cuenta que todos tenemos algo que ceder.
La oposición ramplona no solamente beneficia al gobierno, sino también permite que sus simpatizantes mantengan un ataque a la libre empresa según la fácil argumentación de que se encuentran “defendiendo sus privilegios”.
